El grupo de opinión y reflexión en economía política EuropeG defiende que el modelo universitario español requiere una reforma profunda para favorecer la competitividad de la economía española en el contexto de Europa. Esta es una de las principales conclusiones de su cuarto policy brief, 'La reforma de la universidad. Un impulso a la competitividad de la economía española' que han presentado este lunes el profesor Martí Parellada y la coordinadora del trabajo Gemma Garcia en el Parc Científic de Barcelona (PCB). En la elaboración del informe también han participado el ex consejero de Economía de la Generalitat Antoni Castells, y los profesores Manuel Castells, Josep Oliver y Emilio Ontiveros. EuropeG se integra en la Fundación Instituto de Economía de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona, y está ubicado en el PCB.

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En el informe, el grupo EuropeG propone tres ejes imprescindibles de la reforma del sistema universitario español: desarrollar la autonomía de la universidad, aumentar los recursos económicos que se destinan, y definir los retos estratégicos que orienten su acción.

La universidad española forma hoy un millón y medio de estudiantes de primero y segundo ciclo y grado, y alrededor de 113.000 estudiantes de máster. Además, es destinataria del 29% del gasto de I+D de la economía española y ocupa el 48% de los investigadores españoles. También desarrolla el 17% de las solicitudes de patentes nacionales y el 69% del total de publicaciones científicas españolas.

De acuerdo con el estudio, una revisión de estas características tiene que permitir que la universidad continúe aumentando su rendimiento investigador, mejore su capacidad formativa, desarrolle su acción de transferencia de resultados de la investigación a la empresa y la sociedad e incremente su presencia en el ámbito internacional.

Autonomía universitaria

Dotar la universidad de más autonomía tiene que ser, según los autores, el eje central de la reforma que tiene que contemplar, en línea con los países con sistemas universitarios líderes, los siguientes puntos: un único consejo de gobierno con representantes sin vínculo directo con la universidad y con capacidad de designar el rector; una mayor capacidad ejecutiva del rector para poder seleccionar el equipo de dirección y los responsables académicos; unos mecanismos que aseguren la participación de los académicos en la política de la universidad; y una mayor autonomía de la universidad para establecer la política de profesorado, la oferta académica y para seleccionar los nuevos estudiantes.

Reescribir la financiación

Los autores del estudio alertan de la necesidad de llegar a un máximo consenso sobre la financiación, para garantizar estabilidad en la actividad universitaria. Esto implica, por un lado, acordar los recursos públicos que se invertirán y, de la otra, establecer la aportación privada. El impacto de la consolidación fiscal en las universidades españolas se ha traducido en una reducción de la financiación pública a la educación superior en más de un 10 % en el periodo 2008-2012. También Portugal, Irlanda, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Islandia, Hungría, Chequia y Holanda han experimentado reducciones significativas. En cambio, en los países nórdicos, Francia, Alemania, Polonia, Suiza, Austria y Eslovaquia el gasto público universitaria ha continuado creciente.

Retos estratégicos

El policy brief apunta que la universidad española que conocemos es resultado de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, a partir de la cual no ha habido cambios sustanciales más allá de regular el acceso a la función docente. De acuerdo con el informe, la universidad vive hoy un escenario que aconseja una reforma profunda: se le exige transferencia de conocimiento a la sociedad, contribución al desarrollo económico y social, carácter internacional y que conviva con el impacto de la formación online gratuita y global que suponen los MOOC (Masive Open Online Courses). La posición del gobierno español al respeto se concreta en el Programa Nacional de Reformas (supervisado por la Comisión Europea), en que menciona la revisión de la legislación universitaria como una necesidad para impulsar la excelencia, la competitividad y la internacionalización del sistema universitario y anuncia el compromiso de iniciar el trámite el segundo trimestre del 2014.

Para consultar el Informe de EuropeG: Policy Brief núm. 4 [+]